PROTOCOLO NOTARIAL

Superintendencia de Notariado y Registro – Creación y generalidades
El presente instrumento contiene un listado cronológico de disposiciones orgánicas acerca de la entidad, desde la iniciación de actividades hasta su actual regulación.
Corresponden de manera general a las competencias asignadas. En su naturaleza jurídica en cuanto a las relaciones de este carácter, de conformidad a los conceptos
utilizados por el sistema normativo, a los objetivos, la formalización y documentación de los procesos y procedimientos, que comprenden en su parte externa a la
Constitución Política, leyes, decretos, directivas presidenciales y, en el orden interno, las concernientes a resoluciones, instrucciones, circulares; con la estructura de un
especial ordenamiento jurídico, tendiente a la ejecución de los planes y programas según el modelo estándar de control interno -MECI- y normatividades técnicas de
calidad en la gestión pública.
Observadas algunas situaciones y en resumen se tiene:
• La S. N. R. fue una dependencia del Ministerio de Justicia, en la segunda oportunidad de creación del Ministerio de Justicia, es decir, por la Ley 68 de 21 de septiembre
de 1945 y estableció en su artículo Primero:
• “Crease el Ministerio de Justicia que tendrá a su cargo la vigilancia y control del funcionamiento del Órgano Judicial; los establecimientos de detención, pena y medidas
de seguridad; la Policía Judicial, y los demás asuntos que le asigne la ley, relacionados con la administración de justicia, la represión y la prevención de la delincuencia,
y la reforma de la legislación civil y penal.”
Nota: El Decreto 105 de 1947 reglamentó la Ley 68 de 1945 y dispuso que el Ministerio comenzaría a funcionar a partir del 16 de enero y estableció además, entre otras,
como principales funciones las siguientes: organización, protección y vigilancia de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público; la división territorial judicial; la dirección
suprema del Ministerio público; estudio de documentación presentada por sindicatos, hospitales, sociedades de beneficencia, etc. para reconocimientos y personería jurídica;
tramitación de los negocios sobre bienes ocultos del Estado, que conocía hasta entonces el Ministerio de Minas y Petróleos; tramitación de peticiones sobre cambios de
radicación de los procesos penales; el estudio y tramitación de las solicitudes de extradición. 2
A raíz de los acontecimientos del 9 de abril de 1948 la justicia en la capital de la República recibió un duro golpe y su administración quedó totalmente paralizada,
correspondiéndole al Ministerio proporcionar indispensables medios de trabajo e instrumentos adecuados para su reconstrucción. Con el Decreto 3250 de ese